Sábado 28 manifestaciones PRO INDULTO PATRIOTAS BLANQUERNA

Las sucesivas sentencias de prisión para el grupo que irrumpió en el acto separatista y secesionista organizado en la librería Blanquerna de Madrid suponen un hito de injusticia en el que tantas veces se ha mostrado como un sistema judicial politizado y al servicio de oscuros intereses partidistas y sectarios.

No es admisible que la discriminación ideológica a la que hace referencia el Supremo pueda ser aplicada a una protesta que se realiza contra la sedición y el separatismo anticonstitucional y contra el estado de Derecho Español. No existe asalto ni violencia personal, y la material es realizada por dos de los participantes en la irrupción, no por los 14 cuya mayoría simplemente vociferan “no nos engañan Cataluña es España”.

La vergonzosa actuación del Tribunal Político Supremo apunta a una venganza política cuyos autores deben mantener puntos de poder con los responsables judiciales.

El Tribunal Supremo ha endurecido las penas impuestas por la Audiencia de Madrid a los autores de la irrupción en el acto independentista y sedicionista realizado en el centro cultural catalán Blanquerna, en Madrid, durante la celebración de la Diada de 2013.

El Tribunal ha estimado la petición de la Fiscalía política y la Generalidad separatista y sedicionista  de Cataluña de aplicar la agravante de obrar por motivos de discriminación ideológica. La Sala de lo Penal eleva las condenas por encima de los dos años -eran de entre seis y ocho meses-, lo que implica que ahora los afectados no podrán pedir la suspensión de la ejecución de la pena y tendrán que ingresar de manera efectiva en prisión.

La abusiva y leonina sentencia estima el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y algunos de los motivos planteados por la Generalidad de Cataluña y por su delegado, José María Boch, y anula parcialmente el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que impuso a los 14 condenados penas que oscilaban entre los seis y ocho meses de prisión por el delito de desórdenes públicos y de multa por el delito de daños con la atenuante de reparación del mismo.

Ahora, por el delito de desórdenes públicos e impedimento del derecho de reunión -esto último, aludido por el Supremo-, las penas pasan a ser de entre dos años dos años y 10 meses y tres años de prisión, aplicando con la agravante de discriminación ideológica.

También eleva el delito de daños al aplicar la misma agravante, fijando penas de 13 o 14 meses de prisión. En total, las nuevas penas a cumplir oscilan entre los tres años y 11 meses y los cuatro años y dos meses.

La sentencia no tiene en cuenta la participación activa o pasiva en la irrupción, condenando igualmente aquellos participantes que quedando rezagados se limitaron a defender la unidad de España de viva voz a la entrada del local.

 

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